Rol del sector privado en el desarrollo – Visiones críticas


CONCORD-private sector

Imagen: CONCORD

En este blog hemos publicado varias entradas sobre el rol del sector público en el desarrollo. Está reconocido por y estimulado en la Agenda 2030 (los ODS). Personalmente, me parece que el sector privado puede y debe jugar un papel positivo en el desarrollo. Naturalmente que hay riesgos, como en todo. Pero, aparte de considerarlo necesario, pienso que en los últimos años cada vez es más positivo y va habiendo más mecanismos de aunar los intereses generales con los particulares de las empresas[1].

Pero hay visiones críticas al respecto. Hoy vamos a mencionar algunas de ellas -ampliadas en declaraciones y publicaciones- manifestadas por Eurodad (European Network on Debt and Development) y Concord (Confederación Europea de ONG de ayuda humanitaria y desarrollo).

Por José Luis Trimiño                                                                 12 de agosto de 2018

En octubre del año pasado, 145 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Eurodad, lanzaron una campaña contra las alianzas o asociaciones público-privadas para el desarrollo (“Public-Private Partnerships”). Consideran que son caras y muy arriesgadas, por lo que piensan que no deben promoverse.

Hicieron público un manifiesto, “Las riesgosas asociaciones público-privadas (APP) activan las alarmas”, que está accesible en la web de varias organizaciones.

Lo lanzaron durante las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De ahí reseñas como World Bank must stop promoting “dangerous” public-private partnerships.

El manifiesto considera que, en lo esencial, las APP son contratos a largo plazo, respaldados por garantías gubernamentales, en los cuales el sector privado construye -y, a veces, gestiona- grandes proyectos de infraestructura o servicios que, tradicionalmente, eran proporcionados por el Estado, como hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, agua, saneamiento y energía.

Pide que, para financiar infraestructuras y servicios sociales y económicos, los gobiernos, el Banco Mundial y las demás organizaciones y bancos públicos de desarrollo dejen de dar prioridad a las APPs. Argumenta que, a la larga, tienen un coste más alto que la financiación tradicional, exponen a los gobiernos de los países a riesgos financieros más altos y socavan la democracia y los derechos humanos y medioambientales. Amenazan con fomentar la desigualdad -beneficiando a titulares de activos que invierten- mientras extraen riquezas de quienes son pobres y vulnerables, incluyendo a las mujeres. También señala que suelen negociarse en secreto, con cláusulas de confidencialidad comercial, lo que dificulta el escrutinio de la sociedad civil y los parlamentarios, fomentando así la corrupción y reduciendo la rendición de cuentas; en definitiva, facilita el que se tomen decisiones inadecuadas. Creo que, aunque tienen bastante de cierto, las propuestas son algo demagógicas y no están suficientemente bien fundadas.

El manifiesto da ejemplos de APPs que no han cumplido lo que prometían: 1) un hospital en Lesoto, 2) una carretera entre Brasil y Perú, 3) una presa en Uganda, 4) un hospital en el Reino Unido, 5) escuelas en Liberia, 6) sistema eléctrico en Tanzania, 7) atención terciaria en Karnataka (India), 8) el caso Odebrecht, en América del Sur, 9) la gestión del agua en Manila (Filipinas).

Los firmantes piden:

-Dejar de promover e incentivar las APPs para financiar infraestructuras y reconocer los riesgos.

-Buscar métodos mejores para financiar los servicios públicos en infraestructura.

-Que la prestación de servicios públicos se haga, prioritariamente, con recursos nacionales, complementándolos con financiación a largo plazo.

-Aplicar estándares altos de transparencia.

-Resistir a la proliferación de las APPs.

Por otro lado, y casi simultáneamente, CONCORD, la Confederación Europea de ONG de Ayuda Humanitaria y Desarrollo, publicó el informe A 10-point roadmap for Europe on the role of the private sector in development.

El informe reconoce que el sector privado -organizaciones con ánimo de lucro- desarrolla muchas iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible. Pero considera que tanto empresas como gobiernos tienen que hacer más cosas.

Hace unas propuestas de acciones a tomar por las Instituciones de la Unión Europea y sus Estados Miembros para construir un entorno que contribuya a la implementación de la Agenda 2030. Se refieren a distintas áreas: desarrollo, comercio e inversiones, fiscalidad, regulación financiera, competencia, justicia, acceso a las reparaciones y mecanismos de toma de decisiones. Creo que son más constructivas que las de Eurodad:

1-Abandonar el enfoque “café para todos”; y focalizarse en las micro y PyMEs y en las empresas de economía social en cadenas de valor locales y regionales.

2-Adoptar mecanismos que impidan que las empresas dominen los procesos de toma de decisiones. Ej.: registros de lobbies y normas éticas más limitativas.

3-Que el sistema financiero se alinee con las agendas sociales y ambientales, haciendo que los marcos regulatorios del sector financiero incluyan factores ambientales, sociales y de gobernanza.

4-Que los sistemas públicos garanticen la provisión de servicios esenciales y reconocer que la financiación privada no puede sustituir totalmente a la pública.

5-Asegurarse de que las empresas paguen los impuestos que les corresponden allí donde operan, con más transparencia y mejores sistemas de información.

6-En los acuerdos internacionales sobre inversión, asegurarse de que los apartados de sostenibilidad son tan obligatorios como las disposiciones que protegen a los inversores. Y clarificar los términos.

7-Asegurarse de que las empresas que actúan fuera de la UE respetan los derechos humanos y el medio ambiente y contribuyen al desarrollo sostenible.

8-Revisar las normas de la UE sobre competencia y fijar guías que, sin romper las normas de competencia, permitan iniciativas que favorezcan la sostenibilidad.

9-Garantizar que se respetan los principios de eficacia de la cooperación al desarrollo, consultando a las comunidades locales y sociedad civil,

10-Cuando se utiliza financiación pública para movilizar inversiones privadas en países en desarrollo, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

CC BY-NC-SA
[1] Como en el campo de los derechos humanos. Ver: “Guiding principles on business and human rights” (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf).
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Un pensamiento en “Rol del sector privado en el desarrollo – Visiones críticas

  1. Diana

    Estaba claro que el reto de la Agenda 2030 para comprometer la inversión privada era si el sector privado era/es un socio fiable para el desarrollo. En realidad, es el mismo reto que se planteaba en la ayuda tradicional: cómo identificar y como medir el impacto. El mismo punto 7 de las propuestas que plantea CONCORD: “Asegurarse de que las empresas que actúan fuera de la UE respetan los derechos humanos y el medio ambiente y contribuyen al desarrollo sostenible”
    ¿Y como asegurarse? ¿Mediante las directrices y principios internacionalmente reconocidos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social; las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales; el Pacto Mundial de las Naciones Unidas; los Normas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social; o los Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios?
    ¿Vía instrumentos de política comercial para promover una conducta responsable y mejorar la sostenibilidad de las cadenas de valor mundiales como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), los acuerdos de libre comercio (TLC) o los acuerdos plurilaterales y multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)?
    ¿O/y vía iniciativas propias del sector privado, como la Iniciativa de Reporte Global (GRI), la ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, etc?
    Continúa el mismo desafío: como identificamos y medimos el impacto. Y quien lo mide. Pero con las alianzas APP se activa una vuelta de tuerca más: se está destinando dinero público a producir beneficios privados.

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