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Más sobre los retretes

Economía circular del saneamiento – Imagen: Toilet Board Coalition

En el mundo hay muchas más personas que no tienen un saneamiento adecuado que las que carecen de agua potable. Y el avance es más lento. De hecho, en los ODM (2000-2015) la meta relativa al agua potable se alcanzó; la relativa al saneamiento, no. Y en los ODS vamos por el mismo camino. A la Fundación Energía sin Fronteras nos preocupa.

Así que hoy voy a pasar revista a diversos artículos sobre el saneamiento, recogidos de la Toilet Board Coalition (TBC), Devex, IPS y Next Billion. Varios de ellos, publicados con ocasión el Día Mundial del Retrete, que se celebra cada año en noviembre.

Por José Luis Trimiño                                                            2 de septiembre de 2019


El primer artículo se titula “At the reinvented toilet Expo new commitments to bring innovation to sanitation”, de Catherine Cheney (Devex). En noviembre del año pasado se celebró en Pekín una exposición titulada “Reinventando los retretes”. Probablemente, lo más relevante fue lo relativo al “saneamiento fuera de red”; es decir, soluciones que no requieren desagües. Se mencionaron tecnologías como los “omniprocesores”: pequeñas instalaciones de tratamiento de las heces humanas. Aparte de eso, diversos organismos anunciaron importantes volúmenes de financiación para el sector (Banco Mundial, Banco Asiático, Bando Africano, Agencia Francesa de Desarrollo) u otros esfuerzos y políticas (UNICEF). La OMS estimuló la inversión del sector privado, recordando que 1€ invertido en saneamiento produce, de media, un rendimiento de 5,50€.

Del Día Mundial del Retrete 2018 se pueden ver reseñas en las páginas web de UN Water y de TBC, entre otras. UN Water se centró en la naturaleza. La TBC, en la “economía del saneamiento”: modelos de negocio para las empresas privadas en el sector y los “aceleradores“.

Es en IPS donde vi Moving Beyond Just Building Toilets, de Pratima Joshi, publicado originalmente en India Development Review. Habla de la “Swachh Bharat Mission”, SBW , campaña que lanzó el Gobierno de la India en 2014 con el objetivo de acabar con la defecación al aire libre para octubre de 2019. El artículo presenta lo logrado en los cuatro primeros años:

Swach Bharat Urban instaló 5.219.604 retretes en hogares y 417.496 en lugares públicos.

-3.362 ciudades han sido declaradas “sin defecación al aire libre” (el 94% de las previstas).

Lo más interesante son las lecciones aprendidas:

-Faltan datos de detalle. En particular, de barrios de chabolas.

-Se han medido, sobre todo, los “productos” (“outputs”): retretes construidos y accesibilidad de los mismos. No tanto los “efectos” (“outcomes”): su uso y los cambios de comportamiento.

-En buena medida, ello se ha debido a que las comunidades han sido consideradas como “testigos” y “beneficiarios” del proceso, pero no parte activa en la preparación y toma de decisiones.

-Ha sido insuficiente la comunicación y la educación sobre los cambios de comportamiento: conexión con la salud; generación de demanda.

-No se ha prestado la atención debida al seguimiento del programa. Ello ha dado origen a algunos efectos no deseados.

-Es necesario tener más en cuenta y planificar la gestión y el tratamiento de los lodos fecales.

-Conviene revisar ciertos aspectos de los modelos utilizados. Son dos:

. El programa transfiere dinero a la cuenta de los beneficiarios -en dos o tres veces- y estos se ocupan de construir los retretes. A veces hay retrasos en los desembolsos. Otras, las familias utilizan el primer pago para otras cosas.

. Las autoridades locales contratan y pagan a las empresas que los construyen. Los beneficiarios no tienen control sobre la calidad del trabajo. Y, al no tener que hacer ningún esfuerzo, a veces valoran poco las instalaciones.

-Las familias, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y ONG deberían tener un papel mayor en el proceso.

La Toilet Board Coalition tiene una plataforma sobre la “Economía del Saneamiento”. En particular, desarrolla la idea de “Economía circular del saneamiento” Allí se publican algunos documentos, como:

The Sanitation Economy in Agriculture. Estudia el impacto de los sistemas de saneamiento en el suelo, el agua, las personas que trabajan y la producción agrícola. Next Billion se hizo eco de ella.

Smart Sanitation City. Presenta el caso de la ciudad de Pune, en la India.

Pasando a África, hay que hablar de la iniciativa “AfricaSan”, lanzada por la Unión Africana. La 5ª Conferencia se celebró en febrero en Ciudad del Cabo, Suráfrica. Cubrió cuatro temas:

-Saneamiento, higiene y los ODS: No dejar a nadie atrás.

-Políticas, instituciones y regulación.

-Seguimiento, datos y pruebas para mejorar la higiene y el saneamiento.

-Reforzar las capacidades y financiar el saneamiento en África.

La TBC y El País-Planeta Futuro publicaron reseñas sobre la iniciativa.

Ligadas a estas conferencias, se suelen celebrar otras sobre la gestión de los lodos fecales.

En el sector del saneamiento cada vez hay más empresas sociales presentes. El Sankalp es un foro africano de empresas sociales. En el celebrado en Nairobi en febrero se presentaron algunas actividades en saneamiento.

En la World Water Week hace unos días hubo sesiones centradas en el saneamiento, como:

Polycentric Approach to WASH Access for All“.

“Entrepreneurship Driving Water Access for All”.

-“New financing approach to catalyse the water economy”.

Finalmente, una información. El próximo mes de noviembre está previsto celebrar, en Pune, una Global Sanitation Economy Summit”.

CC BY-NC-SA

Las empresas y los derechos humanos

Imagen: SOLIDARNA (Croacia)

El primer objetivo del Plan Estratégico 2019-2021 de la Fundación Energía sin Fronteras es: “Ser una ONG de desarrollo comprometida con los ODS de la Agenda 2030”, que da lugar al 1.1: “Alineamiento de todas nuestras actividades con los ODS”, cuya meta se fija en: “Incrementar, al menos, un 20% sobre la base de 2018, nuestra participación en proyectos relacionados con otros ODS en los que el acceso al agua y/o la energía sea necesario”. La acción 1.1.3 a ese respecto dice así: “Priorizar en la realización de proyectos aquellos que tengan mayor incidencia en la provisión de otros servicios básicos y en los Derechos Humanos”.

En esa línea de prestar atención a los derechos humanos traigo aquí una entrevista con Gillian Triggs, ex-Presidenta de la Comisión Australiana para los Derechos Humanos. La entrevistadora es Lisa Cornish y se publicó en Devex: Q&A: Gillian Triggs and her role in speaking up for human rights .

Me parecen interesantes las referencias que hay al rol del sector privado -en general y en el desarrollo- en los derechos humanos.

Por José Luis Trimiño                                                                     26 de julio de 2019


La entrevista se realizó en el marco de la conferencia Global Compact[1] Network Australia 2019. De ella extraigo algunas manifestaciones de Gillian Triggs:

-Recuerda los intentos fallidos de la ONU de establecer obligaciones para las empresas en materia de derechos humanos y cómo luego se pasó a códigos voluntarios (Guiding Principles on Business and Human Rights, que tienden a producir cambios en los comportamientos.

-En el Pacto Mundial -y foros y redes parecidas- suelen estar más presentes las empresas grandes, porque son más conscientes de su responsabilidad social como parte de su imagen de marca. En general, conocen esos códigos, pero no es frecuente que vigilen que se cumplen en sus cadenas de suministro.

-Señala la dificultad de que las PyMEs se adhieran a estos códigos. No suelen saber que existen y carecen de tiempo, energía y recursos para considerarlos. Necesitan ayuda, guía, información y herramientas.

-Triggs considera que la legislación internacional está bastante bien fijada para las responsabilidades de los estados y de los individuos, pero no tanto para la de las empresas. Estas, a su vez, se quejan de que el marco regulatorio en el que tienen que operar varía de un país a otro; y se adaptan a esos cambios: mueven el capital allí donde cuesta menos.

-Con el tiempo han ido cambiando bastante las discusiones sobre el rol de las empresas en los derechos humanos. Antes, los abogados de las empresas se limitaban al estricto cumplimiento de la ley. Hoy en día, las asesorías jurídicas son más amplias y complejas; tratan cuestiones de alcance más amplio. La entrevistada es optimista. Pero señala que sigue habiendo un problema cultural en las empresas. que las lleva a focalizarse en cuestiones de interés concreto: ventas, acciones, sueldos…

-Gillian Triggs ha dejado su puesto en la Comisión -tiene 74 años-, pero sigue siendo escuchada, al menos en Australia.

-Hace un llamamiento a que la gente sea más sensible respecto a los derechos fundamentales. A que ponga en cuestión las políticas de los gobiernos, exija más de ellos y que cumplan.

CC BY-NC-SA


[1] Del “Global Compact” (Pacto Mundial) y su Red Española (https://www.pactomundial.org/) ya hemos hablado en algunas otras entradas de este blog: https://amigosesf.wordpress.com/2019/04/22/inversiones-privadas-para-el-desarrollo-sostenible/, https://amigosesf.wordpress.com/2017/10/17/empresas-que-no-estan-cumpliendo-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/, https://amigosesf.wordpress.com/2017/08/12/las-empresas-y-la-agenda-2030/, https://amigosesf.wordpress.com/2016/12/17/integracion-de-los-ods-en-las-empresas/

Las reglas para contabilizar la AOD

Evolución de la AOD 2010-2018. Fuente: CAD, OCDE

Ya hemos hablado algunas veces de cómo se contabiliza la ayuda oficial al desarrollo (AOD). He insistido en que la fuente más fiable -con mucha diferencia- me parece el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD/DAC)[1] de la OCDE


El CAD revisa y actualiza estas reglas de vez en cuando, con el fin de tratar y aclarar situaciones que van surgiendo. En los últimos años se han introducido varias aclaraciones y revisiones. Las más relevantes afectan a: 1) Los instrumentos financieros de apoyo al sector privado, 2) Los costes de ayuda a refugiados en el país de acogida, 3) La parte concesional de los créditos y 4) El alivio de la deuda.

Naturalmente, no todo el mundo -dentro y fuera de la OCDE- está de acuerdo en cómo hacerlo. Ha sido y es el caso de estas revisiones.

Por José Luis Trimiño                                                                          9 de julio de 2019


La definición de AOD figura en la página web de la OCDE, en: Official development assistance – definition and coverage: “flujos financieros a países y territorios que figuran en la lista del CAD de receptores de AOD y a instituciones multilaterales que: a) son proporcionados por organismos públicos, incluyendo gobiernos estatales y locales o por sus agencias ejecutivas y b) cada una de cuyas transacciones: b1) se administra, como objetivo principal, para promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo y b2) tiene carácter concesional[2] (lo que, en las estadísticas del CAD supone una parte de donación cuyo umbral se sitúa entre el 10% y el 45% según el nivel de desarrollo del país receptor y el que se dirija a un país o a una institución multilateral).

En What is ODA?” se recoge en más detalle. Como decíamos antes, las principales aclaraciones de los últimos años se refieren a:

-Actividades relacionadas con la paz y la seguridad. A veces, actores militares juegan un papel, reducido pero real, en el desarrollo, particularmente, en situaciones de conflicto; incluye ciertas acciones de formación. Las reglas lo recogen, diferenciándolo de su función principal, que es la de paz y seguridad.

-Costes de los refugiados en el país de acogida. Se han hecho aclaraciones sobre qué se puede contabilizar como AOD y qué no, en cuanto a:

. Ciertos costes pueden considerarse AOD porque son una forma de ayuda humanitaria.

. Grupos de refugiados elegibles, según definiciones legales internacionales.

. No más de 12 meses.

. Son elegibles costes de sustento temporal, pero no los de integración de los refugiados en el país.

. Metodología de cálculo de costes: conservadora, precisa y transparente.

-Para los créditos blandos o concesionales, se ha introducido el concepto de “donación equivalente”. No entro en detalle por los tecnicismos financieros que implica.

-Los instrumentos de apoyo al sector privado (ISP). En 2016, los miembros del CAD acordaron los principios para que la AOD reflejara mejor los esfuerzos que supone el uso de instrumentos financieros dirigidos al sector privado. La idea era recoger el valor que tiene el apoyo que da un organismo público “donante” a empresas -nacionales y extranjeras- que actúan en países en desarrollo. Pero hasta ahora no ha habido acuerdo en el CAD sobre las reglas de implementación detalladas. Hay desacuerdos en cuanto a las tasas de descuento a utilizar al calcular la donación equivalente para los préstamos al sector privado, en cómo tratar las inversiones en participaciones en capital o las garantías. Entre tanto, se ha acordado una manera provisional de dar cuenta de estos flujos, basada en decisiones y procedimientos anteriores.

-El alivio de la deuda. Se medía por los flujos netos (desembolso – reembolso), pero en 2014 se acordó cambiar el sistema al de una donación equivalente, ajustada por el riesgo. Pero las reglas de detalle tampoco se han acordado.

Las cifras preliminares[3] de 2018 (“Development aid drops in 2018, especially to neediest countries”), publicadas en abril, muestran que los países del CAD dedicaron 153.000 millones de USD (equivalentes de 2017) a la AOD. Aproximadamente, la misma cifra que el año anterior -hay matices, hacia arriba o hacia abajo, debido a los pequeños cambios en la metodología. Representa el 0,31% de la Renta Nacional Bruta de esos países. La parte dedicada a atención a refugiados en los países de acogida fue algo menor que en 2015 y 2016.

A continuación, doy cuenta de algunas reacciones y comentarios suscitados, en particular por las reglas sobre los ISP.


A continuación, doy cuenta de algunas reacciones y comentarios suscitados.

Aid for the private sector: continued controversy on ODA rules”, de Jesse Griffiths, del Overseas Development Institute. Considera que es muy difícil medir la parte “oficial” del apoyo (prestado habitualmente por instituciones financieras de desarrollo -IFD- basadas en países donantes) al sector privado en operaciones muy parecidas a las comerciales, que pueden acabar produciendo dinero para la IFD. El artículo pasa revista a distintas opciones planteadas, pero todas tienen inconvenientes importantes.

OECD – DAC members unable to reach a consensus on private sector instruments”, de Sophie Edwards (Devex). Refiere el desacuerdo sobre los ISP y menciona otras tensiones en el seno del DAC: una, de Japón, relativa a la ayuda ligada[4] y la velada amenaza del Reino Unido de no informar según las reglas del CAD. Recoge posturas muy críticas -las veremos a continuación-, pero también opiniones que consideran que la evolución de las reglas del CAD es, globalmente, positiva. También señala que las medidas provisionales producen anomalías. Actualmente, el CAD contabiliza de manera diferente los créditos otorgados a entidades públicas (que se miden por la “donación equivalente”) y los dados a entidades privadas (que se siguen contabilizando “a la antigua”, por flujos de caja). Y no hay guías sobre cómo contabilizar las garantías.

Eurodad y Oxfam se han mostrado muy críticos con el CAD, particularmente en lo relativo a los ISP. Cuatro muestras:

-“OECD fails to agree strict rules on development aid investments in the private sector – Oxfam and Eurodad reaction”. Consideran que:

. La medida provisional no garantiza que esas inversiones beneficien a las comunidades pobres.

. Hay un riesgo real de que los ISP se conviertan en un subsidio a las empresas por la puerta trasera.

. Falta transparencia y no hay rendición de cuentas al país receptor de la ayuda.

Why 2019 is a Make-or-Break Year for International Aid”, de Polly Meeks (Eurodad), Julie Seghers (Oxfam) y Jiten Yumnam (Manipur). Cita una carta abierta Don’t undermine the basic architecture of OECD-DAC statistics: A letter of warning, publicada en Brookings por tres antiguos directivos del CAD: Brian Atwood, Richard Manning y Hedwig Riegler. Esa carta considera que: 1) parece como si el proceso de actualizar los criterios sobre la AOD estuviera dominado por discusiones por motivos políticos, 2) guiada por los ministerios de hacienda, 3) hay peligro de que unas reglas laxas sobre la consideración como AOD de los ISP desvíen fondos de AOD genuina hacia esas operaciones. Critican muy especialmente la propuesta de que los ISP no tengan necesariamente que cumplir el criterio de ser concesionales. Eurodad, Oxfam y Manipur se muestran de acuerdo con estas críticas, en particular la erosión de la concesionalidad.

-“Four critical steps to Ensure International Aid Works for the Poorest, también de Meeks, Seghers y Yamnan. Ilustra sus argumentos con el caso del proyecto de energía eólica en el Lago Turkana (Kenia), considerado como la mayor inversión privada realizada en Kenia. Implicaba 365 turbinas en tierras de pasto utilizadas por comunidades indígenas. Buena parte de la financiación procedía de fuentes públicas de países del Norte, algunas de ellas consideradas como AOD. Hubo muchas protestas de organizaciones de la sociedad civil sobre apropiaciones de tierras, pocas consultas locales y falta de rendición de cuentas. El Banco Mundial acabó retirándose. Gran parte de los rendimientos financieros parecen destinados a grandes empresas de países desarrollados. Eurodad, Oxfam y Manipur señalan riesgos acerca de los ISP:

. Que la AOD se desvíe de otras acciones más relevantes para las personas pobres y vulnerables.

. Comercialización de los sectores sociales.

. Inversión de AOD en actividades con poco valor añadido.

. Aumento de la ayuda ligada.

. Las empresas subsidiadas pueden evitar impuestos.

. Aumentar los créditos en ISP puede llevar a nuevas crisis de deuda.

. Vulneración de principios de la eficacia de la ayuda (“aid effectiveness”), como la apropiación local, la transparencia o la rendición de cuentas. Y dejar de lado obligaciones respecto a derechos humanos y compromisos medioambientales.

La reacción de Eurodad a las cifras preliminares de AOD está en2018 Development aid figures. Why aid reporting rules matter for more effective development, de Jan van der Poel.Considera que las cifras están infladas, por incluir costes no relacionados directamente con las necesidades de desarrollo de los países receptores. Y también -como el propio CAD- señala que la ayuda a los países menos desarrollados se ha reducido en un 3%. Se refiere también, naturalmente, al cambio de reglas sobre la cuantificación de los préstamos y a la manera provisional de informar sobre los ISP, en la misma línea crítica de los artículos anteriores.

Seguiremos al tanto. Me parece relevante señalar que todas estas críticas empujan a retocar / mejorar las reglas por las que el CAD de la OCDE contabiliza la AOD, pero creo que todo el mundo las acepta como las mejores y más fiables.

CC BY-NC-SA


[1] Son miembros del CAD de la OCDE 30 países; entre ellos, España

[2] Que supone un coste para el donante; no se ofrece en las condiciones del mercado

[3] Las definitivas suelen tardar en publicarse casi un año, una vez que el CAD ha revisado -y corregido- las cifras proporcionadas por cada país

[4] Ayuda al desarrollo condicionada a que el receptor la utilice en bienes y servicios procedentes del país donante. Pienso que cada vez se utiliza menos -porque hay reglas y acuerdos internacionales para no utilizarla en muchos casos- pero sigue existiendo.

Empresas y sociedad civil, ¿en la misma dirección?

Imagen: Tiviski

Como he dicho otras veces, estoy a favor de la colaboración entre ONGD y el sector privado en la cooperación al desarrollo. Por convicción, por experiencia y porque la Agenda 2030 establece que el desarrollo es cosa de todos, requiere la colaboración de muchos actores. Hay muchas experiencias y debemos aprender de ellas.

Es frecuente que organizaciones de la sociedad civil critiquen a las empresas cuando consideran que incurren en malas prácticas -por razones de derechos humanos, sociales o medioambientales. Es parte de su / nuestro papel. Pero también lo es el colaborar con ellas para mejorar esas prácticas a lo largo de toda su cadena de valor y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque hay que reconocer que la colaboración no es fácil, dado que ONG y empresas tienen intereses y maneras de trabajar diferentes.

Hoy voy a hacer referencia a una publicación del ECDPM titulada “Civil society and business: pulling in the same direction?” . Recoge artículos de diversos autores, que aportan distintas perspectivas y experiencias de colaboración para a lograr que las cadenas de valor sean más sostenibles social y ambientalmente.

Los artículos aportan respuestas a preguntas como: “¿Qué implica para ONG y empresas el tirar en la misma dirección?”, “¿Cómo pueden intervenir los gobiernos para facilitar esa colaboración de manera eficaz?”.

La mayoría extraen lecciones de ejemplos prácticos de colaboraciones entre ONG y empresas. En distintos sectores (agricultura, industrias extractivas…) y niveles (local, nacional, regional, mundial), para fines diversos. Surgen cuestiones como los desequilibrios de poder, la creación de confianza y los conflictos.

Por José Luis Trimiño                                                                       6 de junio de 2019


El European Centre for Development Policy Management (ECDPM), un “think tank” conocido y reputado, publica regularmente “Great Insights”. Nos referimos al vol. 8, ed. 1, invierno 2018-2019. Las editoras son Jeske van Seters y Poorva Karkare, del ECDPM.

El primer artículo es: “Engaging with companies: pragmatic idealism”. Su autora es Lies Craeynest, Jefa de Relaciones con el Sector Privado en Oxfam International. Oxfam trabaja con las empresas de maneras diversas y, a veces, complejas, probando continuamente. Por un lado, hacen campañas de concienciación al público que empujan a las empresas a cambiar algunas prácticas. Por otro, con empresarios innovadores y concienciados, como los “B-Teams”. Preconiza pragmatismo y equilibrio.

El segundo esMoving beyond conflict: the critical role of collaborative partnerships in tackling abuses in minerals supply chains”, de Julian Lageard, de la empresa Intel. Considera que para identificar y hacer frente a conflictos y abusos sociales (trabajo infantil o forzado) o ambientales (contaminación por mercurio o residuos de minerales) es preciso que gobiernos, empresas y sociedad civil colaboren eficazmente. Eso no es fácil. Resalta la importancia de encontrar puntos de partida comunes.

Los autores deSeven principles for effective and healthy multi-stakeholder partnerships” son Herman Brouwer (CDI Wageningen, Holanda), Minu Hemmati (MSP Institute, Berlin) y Jim Woodhill (AgriFoodNexus, Oxford, UK). Afirman que aprender de los éxitos y de los fracasos exige que el diálogo y el aprendizaje continuos entre los socios sean elementos nucleares. Los principios son:

-Compromiso con el cambio de sistema.

-Transformar las instituciones.

-Trabajar con los poderes.

-Hacer frente a los conflictos.

-Comunicar de manera eficaz.

-Promover los liderazgos colaborativos.

-Estimular el aprendizaje participativo.

El cuarto artículo es “Non-profits and business team up for land governance in Sierra Leone”. Se trata de una entrevista con Nicholas Jengre, Director para Sierra Leona de la ONG Solidaridad. Esta ONG colaboró con la empresa Natural Habitats Sierra Leone en cuestiones de derechos de propiedad de la tierra, medios de vida de los hogares. Se focaliza en las lecciones aprendidas.

Sigue “Multi-stakeholder platform delivers ‘a minor miracle’”. La autora es Lorena Sorrentino, de CSR Europe. Se refiere a una plataforma muy amplia y diversa, que impulsó la Comisión Europea para recabar consejo y asesoramiento sobre los ODS. Recomienda que la CE dé más apoyo a prácticas responsables de las empresas en: 1) Consumo y producción sostenibles, 2) Capacidades de las personas y futuro del trabajo, 3) Sector privado y derechos humanos, 4) Monitorización, transparencia y confianza.

Hay una referencia a:‘Sustainable Business for Africa (SB4A)”, una iniciativa promovida por la Comisión Europea para mejorar el entorno de inversiones a través del diálogo entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

The sustainability dilemma in competition law” se debe a Giancarlo Piscitelli y Anna Gerbrandy (Universidad de Utrecht, Holanda). Explica la relevancia de la legislación europea sobre competencia en algunos esfuerzos colectivos y, en particular, en la colaboración entre la sociedad civil y las empresas.

El octavo artículo lleva por títuloAfricapitalism and partnerships for the SDGs: what we can learn from the Unilever-GBF partnership in Nigeria”. Autores: Kenneth Amaeshi, (Universidad de Edimburgo), Uwafiokun Idemudia (York University, Toronto, Canada) y Ndidi Nnoli-Edozien (Growing Businesses Foundation, empresa social). Explican una colaboración entre empresas, sociedad civil y gobiernos acuñando el término “africapitalismo”.

Poorva Karkare, del ECDPM, es la autora dePartners for good: what two African dairy companies can teach us about partnership with NGOs”. Recoge dos entrevistas con empresas del sector lácteo, en Mauritania y Kenia, que han colaborado con ONG internacionales para impulsar sus negocios. Muestran contrastes interesantes.

Finalmente, Partnerships for sustainable development: the monitoring and evaluation challenge”. La autora es Leda Stott, especialista en alianzas multiactor y miembro del Itd de la UPM[1]. Con su reconocida capacidad de conceptualización, Leda Stott destaca que es necesario disponer de un compendio mayor y más fuerte de pruebas para demostrar la eficacia de las alianzas. Es muy frecuente que se evalúen los resultados de las actividades realizadas en colaboración, pero mucho menos que se analice el valor añadido o la utilidad del enfoque de colaboración.

La publicación muestra que la colaboración entre el sector privado y la sociedad civil no es coser y cantar, ni una varita mágica. Tampoco hay una ”receta” definitiva sobre cómo hacerlo. Pero es algo que tiene gran potencial para contribuir a un verdadero cambio.

Incluye también una relación de publicaciones del ECDPM relacionadas con este tema.

CC BY-NC-SA


[1] Organización bien conocida de la Fundación Energía sin Fronteras. Ambos somos miembros de la Mesa de Acceso Universal a la Energía.

Inversiones privadas para el desarrollo sostenible

Publicación de Global Compact

Hace un par de días recogíamos aquí unas opiniones críticas sobre la participación del sector privado en el desarrollo, específicamente en las asociaciones público-privadas. Hoy traigo la otra cara de la moneda. Un documento que defiende su valor. Procede del ECDPM. Se titula “Leveraging private investment for sustainable development”.

El documento aporta puntos de vista y estudia enfoques e instrumentos para que inversiones privadas se alineen con los ODS, sin olvidar la necesidad de que empresas e inversores privados obtengan rendimientos financieros. Examina cómo hacer que las actividades e inversiones de las empresas sean más responsables, inclusivas y sostenibles y el uso de recursos públicos para estimular y poner en marcha inversiones privadas.

Por José Luis Trimiño                                                                    22 de abril de 2019


El ECDPM (European Centre for Development Policy Management) es un centro de investigación, basado en Maastricht -Mastrique, en español tradicional-, en los Países Bajos.

El informe al que nos referimos forma parte de su colección “Great Insights”, vol. 7, ed. 2. Sus autores son Jeske van Seters y Sebastian Grosse-Puppendahl.

Desde que se aprobó la Agenda 2030, en 2015, se insiste en que el desarrollo es cosa de todos -no solo de países pobres, agencias de cooperación y ONG; de movilizar a las empresas, la financiación privada, las inversiones empresariales. En suma, de aunar recursos, conocimientos y capacidades. En el mundo, la mayor parte de los empleos y de las inversiones proceden del sector privado. Por ello, juega un papel crítico en producción, inversiones, innovación, tecnología, financiación y provisión de servicios. De ahí que constituya un actor fundamental para el desarrollo.

No se puede dar por hecho que el sector privado sea responsable e inclusivo. Ni ello es un fin en sí mismo. El documento pone en evidencia que el sector privado no es un grupo homogéneo, sino muy diversificado. Destaca y muestra la importancia de que empresas, gobiernos, organismos de cooperación, instituciones financieras y sociedad civil colaboren de diferentes maneras, teniendo presentes sus diferentes mandatos, motivaciones e incentivos.

Trabajar de forma diferente a la tradicional y conseguir mayor impacto para alcanzar los ODS requiere ambición y aceptar riesgos. No solo es cuestión de financiación y de indicadores financieros -lo de los “billions to trillions”- sino de que las intervenciones e inversiones sean de la calidad y tipo adecuados, de modo que las actuaciones de unos y otros sumen, no distorsionen, y estén ancladas en las realidades locales.

El informe consta de un editorial y 18 artículos:

A) Presentaciones:

-El Plan de Inversiones Exteriores de la UE: Crear empleos sostenibles para erradicar la pobreza en los países próximos a la UE y en África /Neven Mimica, Comisario Europeo).

-La financiación europea del desarrollo y el modelo del BERD[1] (Suma Chakrabati, BERD).

-Políticas para movilizar al sector privado: Abrir la mente (Alexander de Croo, Bélgica).

-La FAO[2] promueve criterios sostenibles para movilizar la financiación para la agricultura (entrevista con José Graziano da Silva, FAO).

B) Movilizar la financiación privada:

-Las operaciones de los bancos multilaterales de desarrollo con la financiación privada: ¿prestamistas o movilizadores? (Nancy Lee, CGD).

-El compromiso de las instituciones financieras de desarrollo[3] para movilizar la financiación privada para los ODS (Soren Peter Andreasen EDFI).

-Involucrar al sector privado en la financiación mixta (“blended finance”): Justice Johnston (Convergence).

-Hace falta un pueblo: Por qué el pacto con África puede funcionar (Rob Floyd, ACET[4]).

-Movilizar la financiación del sector privado: Lo que han aprendido las organizaciones filantrópicas (A. Burgett y R. Salvado, Fundación Gates).

-Dar nueva forma a la “financiación privada para el desarrollo” de la UE (San Bilal, ECDPM).

-Desplegando capital riesgo en mercados desconocidos: rompiendo moldes (Cécile Ambert, Banco Africano de Desarrollo[5]).

C) Empresas responsables y con impacto:

-Conseguir cadenas de suministro sostenibles: perspectiva del sector privado (Norma Wouters-Snell, Noble Achievers).

-El liderazgo de la UE para promover conductas empresariales responsables en cadenas de valor globales (Jeske van Seters y Karim Karaki, ECDPM).

-La adaptación local de las multinacionales es clave para el desarrollo sostenible (Constantine Bartel, Universidad de Zurich).

-Una empresa de alimentación en África Occidental: el negocio implica desarrollo sostenible (Entrevista con Sylvie Sagbo, SENAR).

-¿El precio del petróleo? Desarrollo extractivo y riesgo de conflicto en Kenia (George Grayson, International Alert).

-Hacer negocios bien en Etiopía (Margaux Yost y Domicic Kotas, BSR).

-La empresa social de Chevron en Nigeria (Zachary Kaplan, DAI).

Otro informe interesante en esta línea es “Private Sector Investment and Sustainable Development”, del Pacto Mundial (Global Compact), aunque ya tiene unos años. Quizás hablemos de él otro día.

CC BY-NC-SA


[1] Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (https://www.ebrd.com/home)

[2] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (http://www.fao.org/home/es/)

[3] DFIs: https://www.oecd.org/dac/stats/development-finance-institutions-private-sector-development.htm

[4] African Center for Economic Transformation (http://acetforafrica.org/)

[5] BAfD: https://www.afdb.org/fr/

Eurodad sigue criticando las APPD

ppp-monitor-ADBA finales de diciembre publicamos la entrada “El sector privado en el desarrollo – Voces críticas. Allí decía que soy partidario de la participación del sector privado en el desarrollo, pero que me parecía correcto recoger visiones críticas sobre ello. Mi postura no ha cambiado: creo que es imprescindible la participación privada -con los controles debidos, naturalmente. Pero sigo recogiendo opiniones diferentes.

Eurodad y otras organizaciones continúan argumentando en contra de las APP en general -incluyendo las APPD. Recojo aquí críticas que han vertido recientemente; en particular, sobre su impacto en género.

Por José Luis Trimiño                                                                    20 de abril de 2019 Sigue leyendo

Energía sin Fronteras participa en el Foro de Acceso Universal a la Energía

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Formación en la ecoaldea de Nyumbani (Kenia)  – Imagen: Energía sin Fronteras

La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, de la Universidad Pontificia de Comillas y el Club Español de la Energía organizan anualmente un foro. La sesión de este año se ha celebrado a finales de enero y se ha dedicado a “El acceso universal a la energía eléctrica”.

La Fundación Energía sin Fronteras participamos en él. Nuestra intervención estuvo liderada por Santiago Escamilla, voluntario de Esf. Seguimos divulgando nuestro mensaje de aliviar la pobreza facilitando el acceso universal a la energía, en línea con la Agenda 2030 y, en particular, el ODS 7 (Que todos accedan a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna).

Por Santiago Escamilla                                                               11 de marzo de 2019 Sigue leyendo